En una sociedad que valora la democracia y los derechos humanos, la inclusión de todos los sectores en el proceso electoral no solo es fundamental, sino un reflejo de su madurez cívica. Sin embargo, para aproximadamente 14,000 personas encarceladas en Chile, este derecho fundamental sigue siendo inaccesible debido a desafíos prácticos. Recientemente, organizaciones de la sociedad civil se han unido para emitir una declaración pública tras la introducción de una enmienda sustitutiva por parte del Ejecutivo para el proyecto de «Voto Anticipado», pidiendo acciones rápidas de cara a las elecciones de abril. Este artículo profundizará en los hechos, retos y propuestas alrededor de este tema, enfocándose en cómo garantizar el derecho al voto de las personas encarceladas y promover una participación más amplia y significativa.
La Necesidad del Voto Anticipado
En el actual panorama político y social, la implementación del voto anticipado emerge como una solución crucial para garantizar la participación de todos los ciudadanos en los procesos electorales, en especial de aquellos que, por diversas razones, se encuentran imposibilitados de acceder a las urnas el día de las elecciones. Esto incluye a aproximadamente 14,000 personas encarceladas en Chile, quienes, pese a tener el derecho al voto, se enfrentan a obstáculos prácticos significativos que les impiden ejercerlo. Permitir el voto anticipado no solo democratizaría el proceso electoral, dándoles voz a estas comunidades frecuentemente marginadas, sino que también sentaría un precedente importante para la inclusión y representatividad en la democracia. Este enfoque proactivo hacia la participación electoral es esencial para fortalecer el tejido democrático del país y asegurar que todos los ciudadanos, sin excepción, tengan la oportunidad de participar en la definición de su futuro.
Organizaciones Civiles y su Llamado a la Acción
Recientemente, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Ahora Nos Toca Participar y Espacio Público, ha intensificado sus esfuerzos para abogar por la ampliación de los derechos electorales a las personas encarceladas en Chile. Este movimiento responde a la necesidad apremiante de incluir a todos los segmentos de la población en el proceso democrático, reconociendo el voto no solo como un derecho, sino como un pilar fundamental para la participación ciudadana activa y consciente. Estas organizaciones han emitido un llamado unánime para que el ejecutivo, legisladores y el Servel actúen con rapidez y determinación para implementar las modificaciones necesarias que permitan el acceso al voto anticipado antes de las cruciales elecciones de abril. Al hacerlo, subrayan la importancia de responder a la crisis de confianza institucional con acciones concretas que fortalezcan la inclusión y la democracia participativa, subrayando que el derecho al voto para todos es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa.
Las Barreras para el Voto Encarcelado
A pesar de que la legislación chilena reconoce el derecho al voto de las personas encarceladas, existen barreras significativas que impiden su implementación efectiva. Estas dificultades no solo son logísticas, como la falta de mecanismos para la emisión del voto dentro de los establecimientos penitenciarios, sino también informativas, con una notoria falta de conciencia tanto entre las personas encarceladas como en el personal sobre este derecho fundamental.
Este desconocimiento se suma a la desinformación acerca de los procedimientos y los requisitos necesarios para ejercer el derecho al voto bajo custodia. Además, la ausencia de infraestructura adecuada y la ausencia de un sistema de voto anticipado o por correo bien establecido complican aún más la posibilidad de participación electoral de estos ciudadanos. La superación de estas barreras es un paso crítico para asegurar que el principio de inclusión plena se refleje en el proceso democrático del país, permitiendo que todas las voces sean escuchadas.
Estudios y Promesas Incumplidas
En septiembre de 2020, el Ministerio de Justicia junto con la Secretaría General de la Presidencia llevó a cabo un estudio detallado que delineaba las consideraciones clave para materializar el derecho al voto de las personas encarceladas. Aunque este estudio fue un paso positivo hacia la inclusión, las soluciones propuestas no se aplicaron para el plebiscito de ese año, con la promesa de que serían implementadas para las elecciones de la Convención Constitucional de 2021. Desafortunadamente, dichas promesas permanecen incumplidas, dejando a miles de ciudadanos sin la posibilidad de participar en decisiones cruciales para el futuro del país. Esta situación subraya una tendencia preocupante de postergación y falta de acción concreta, que no solo mina la confianza en las instituciones, sino que también amplifica la crisis de representatividad. Asegurar que estas promesas se cumplan es esencial para avanzar hacia una democracia más inclusiva y representativa.
Respuestas Institucionales a la Crisis de Confianza
La crisis institucional de confianza que enfrenta Chile no solo destaca la necesidad de reformas políticas profundas, sino que también pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en el proceso democrático. Para contrarrestar esta crisis y restaurar la fe de la población en sus instituciones, es crucial que el ejecutivo, el Servicio Electoral (Servel) y los legisladores prioricen e implementen innovaciones electorales que promuevan una participación más amplia y significativa.
La adopción de medidas como el voto anticipado y la garantía del derecho al voto de las personas encarceladas se presentan como oportunidades clave para demostrar un compromiso real con la inclusión y la democracia participativa. Al actuar con prontitud y decisión para eliminar los obstáculos que impiden a ciertos sectores de la sociedad ejercer su derecho al voto, las instituciones estatales pueden dar un paso significativo hacia la recuperación de la confianza pública y el fortalecimiento del tejido social y democrático del país.
Avanzando hacia la Democracia Participativa
La implementación de innovaciones electorales que faciliten una participación más amplia y profunda se reconoce como uno de los pilares fundamentales para fortalecer la democracia participativa en Chile. La inclusión de todos los sectores de la sociedad, especialmente aquellos que han sido históricamente marginados o privados de sus derechos políticos, como las personas encarceladas, es esencial para garantizar un proceso democrático genuino y representativo. La democracia participativa va más allá del simple acto de votar; se trata de asegurar que cada ciudadano tenga voz en las decisiones fundamentales que conforman el futuro de la nación. Al asegurar la implementación efectiva de medidas como el voto anticipado y garantizar que las personas encarceladas puedan ejercer su derecho al voto, Chile puede dar pasos significativos hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y democráticamente activa. Este esfuerzo colectivo hacia la inclusión representa no solo un avance para los derechos civiles, sino también para la legitimidad y la fortaleza de la democracia chilena en su conjunto.