El colectivo que presenta esta declaración se compone de más de 750 organizaciones de la sociedad civil dispersas a lo largo del país. Estas organizaciones son diversas en naturaleza y enfoque, pero comparten un compromiso común hacia el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos en el país. Su unión se produjo como respuesta a un momento crítico en la historia reciente: el estallido social del 18 de octubre de 2019.
Este evento marcó un punto de inflexión significativo y condujo a la formación del Nuevo Pacto Social (NPS). El NPS no es solo un símbolo de unidad, sino también una plataforma colaborativa desde la cual estas organizaciones pueden influir en los procesos sociales y políticos del país. Al agruparse bajo este pacto, las organizaciones buscan hacer un uso más efectivo de sus recursos, ampliar su alcance y mejorar su capacidad de incidencia en las políticas públicas.
La colaboración entre estas organizaciones permite un enfoque más holístico y coordinado para abordar los problemas fundamentales que enfrenta la sociedad. A través de sus esfuerzos combinados, buscan facilitar un diálogo constructivo entre diferentes sectores de la sociedad, promoviendo así una mayor inclusión y participación ciudadana. Este enfoque colaborativo es crucial para enfrentar desafíos complejos y multifacéticos, como la inequidad social, la corrupción y la violación de derechos humanos.
El trabajo del NPS y de las organizaciones que lo integran es testimonio del poder de la acción colectiva en tiempos de crisis. Al trabajar juntos, estos grupos no solo buscan responder a las consecuencias inmediatas del estallido social, sino también contribuir a una reforma estructural más amplia que asegure una gobernanza más justa y equitativa para todos los ciudadanos. En última instancia, su meta es garantizar que los procesos de cambio no solo sean inclusivos y participativos, sino que también respeten plenamente los derechos humanos y fortalezcan las bases de una democracia saludable y funcional.